La demanda boliviana ante la CIJ de La Haya, en su esencia, señala que Chile tendría la obligación de sentarse a negociar de buena fe una salida al mar con soberanía para Bolivia, debido a los ofrecimientos y compromisos hechos por diferentes autoridades chilenas y que estarían debidamente documentados y consignados en la historia reciente. Son los llamados derechos expectaticios.
Chile, a creído oportuno comenzar por impugnar la competencia del tribunal internacional para intervenir al respecto, ya que de hacerlo, es decir, que esta corte se declare competente para conocer sobre el fondo de la demanda boliviana, en los hechos significaría una modificación al tratado de 1904 que determino los limites chileno-boliviano, terminando con la intangibilidad de dicho tratado, intangibilidad que es reconocida y aceptada en el ordenamiento jurídico internacional. De aceptarse la postura chilena el caso llegaría a su fin para el tribunal internacional, no así para Bolivia, pues desde esa nación han declarado en todos los tonos y en todos los foros internacionales, que jamás renunciarán a su demanda por una salida soberana al Océano Pacífico.
Por otro lado, de aceptarse la demanda boliviana, se sentaría jurisprudencia sobre el particular, ante lo cual, en lo inmediato pocos países estarían dispuestos a sentarse a negociar para buscar acuerdos para solucionar controversias entre estados, ya que estará presente el precedente de este caso, que otorgaría un rango jurídico a las promesas y compromisos hechos en las negociaciones. Esto claramente se convertiría en una traba para todo tipo de negociaciones diplomáticas a nivel internacional.
Existe, sin embargo, la posibilidad de que la corte opte por postergar el tema de la competencia hasta el final del juicio, y decida conocer sobre el fondo de la demanda boliviana. Esto significaría el inicio de tres años de proceso, lo que en Bolivia podría ser considerado un pequeño triunfo. Sin embargo, el próximo 24 de Septiembre la corte solo se pronunciara sobre su competencia o no, lo que no puede ser interpretado como un respaldo respecto al fondo de la demanda boliviana.
En cualquier caso, resulta muy difícil imaginar un escenario en el que Chile se vea obligado a ceder territorio a Bolivia.
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