Decisión de Colbún y efectos en la Inversión.

La decisión del directorio de Colbún de suspender indefinidamente los estudios para la transmisión eléctrica del proyecto Hidroaysen, ha sido profusamente comentada y analizada, tanto desde el mundo de las empresas como desde el sector político, y prácticamente en todos los medios de comunicación aparecen columnas de opinión, reportajes y entrevistas a actores relevantes en el tema.

En el medio electrónico www.df.cl (Diario Financiero) se toca una arista del tema que habla en forma clara sobre lo que es considerado como uno de los aspectos esenciales en el discurso ambientalista de los empresarios, a saber: la excesiva regulación que produce la nueva institucionalidad y normativa ambiental representa un riesgo económico para el desarrollo de Chile, pues en muchos casos puede frenar a los inversionistas, quienes necesitan reglas del juego claras y que favorezcan a su actividad.

La aplicación de la nueva normativa ambiental, más la presión ciudadana para no permitir daños a los ecosistemas, son factores que están siendo cada vez más relevantes, y las organizaciones empresariales, al parecer, no están tomando debida cuenta de ello. El caso Freirina es un ejemplo entre muchos, donde la presión de la ciudadanía no fue debidamente evaluada por Agrosuper, con los resultados que todos hemos conocido, y que llevaron a cerrar su planta ubicada en esa localidad.

En el caso de Hidroaysen, proyecto que virtualmente se encuentra paralizado y donde, desde su creación hace ya siete años, se han gastado millones de dolares, se afirma desde el sector empresarial que la decisión de Colbún, y probablemente de Endesa, la otra empresa socia del proyecto, que seguirá los mis pasos, sería percibida como una mala señal hacia los inversionistas, quienes no desearan invertir en un sector donde la regulación y las normas legales son, según su criterio, excesivas y poco claras.

Este es un claro ejemplo de uso cuestionable del discurso, pues se dicen verdades a medias, ya que si bien es cierto que los inversionistas percibirán negativamente estos hechos, con el consiguiente daño al desarrollo económico, también se debe señalar que la nueva normativa para el cuidado ambiental es el resultado de una necesidad país para preocuparse de que existan las condiciones mínimas para, transitar en forma transparente y segura hacia el "Desarrollo Sustentable", hoy declarado globalmente como la única solución para el cuidado de nuestro planeta. Existe suficiente evidencia científica que nuestro planeta se encuentra bajo amenaza real por efecto de la irracionalidad en los procesos productivos, que solo explotan los recursos sin permitir su regeneración. Los hechos graves contra el medio ambiente ocurridos en nuestro país en nuestra historia reciente (CELCO, FARFANA, RALCO, etc.) llevaron a implementar una nueva institucionalidad que permita dar cumplimiento en forma cabal a la normativa respectiva, la que ha sido eludida en forma reiterada gracias a las relaciones indebidas entre gobierno y privados.

El mundo desarrollado exige cumplimiento cabal al cuidado ambiental por parte de los procesos productivos, por lo que su no cumplimiento obviamente perjudicará a nuestro desarrollo, pues somos un país cuyo modelo productivo se basa principalmente en la explotación de recursos naturales para su exportación precisamente a ese mundo desarrollado donde el cuidado ambiental es riguroso, pues es la única alternativa a la preservación de la vida en nuestro planeta en el largo plazo.

El país necesita energía, eso es indudable, pero esa energía debe ser no contaminante y puede ser instalada en lugares adecuados que no signifiquen un daño grave al ecosistema. Desde los sectores ambientalistas existen propuestas claras sobre alternativas viables, solo hay que estudiarlas y de acuerdo a ello ver si se pueden llevar a cabo.

Surgen temores de que otros inversionistas sigan pasos de Colbún y congelen proyectos | Diario Financiero Online