Distorsiones en una “economía de mercado”.

Nuestra sistema económico se encuentra dentro de lo que se denomina una economía de mercado, cuyo origen y sustento ideológico es el neoliberalismo. Una de sus principales características, si no la principal, es la libre competencia, que permite la creación de riqueza a través de la iniciativa privada. Sin embargo en la realidad existen muchas prácticas que producen distorsiones en el mercado, y así según sean estas mayores o menores producen una “competencia imperfecta”
Al respecto y modo de ejemplo, es necesario recordar brevemente lo ocurrido en Chile a comienzos del año 2008 en el llamado caso “colusión de precios de farmacias”, y en el que intervinieron concertadamente en un acuerdo de fijación de precios las tres mayores cadenas farmacéuticas chilenas: Farmacias Ahumada, Cruz verde y Salcobrand. Esta acción concertada fue antecedida por una guerra de precios que mantuvieron por varios años a esta industria trabajando con márgenes de utilidades bastante reducidos, según declaraciones en su oportunidad de altos directivos de las mismas.
En la investigación se logró comprobar la concertación de estas cadenas farmacéuticas en el alza de precios de 222 medicamentos. El organismo encargado de llevar la investigación a la justicia fue la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y logró determinar que la diferencia de precios entre los que mantenían las cadenas farmacéuticas aludidas y la CENABAST (central nacional de abastecimiento) era de hasta un 3000 %.
Esto nos está indicando la magnitud de las ganancias que consiguieron estas empresas en forma ilegal, con el consecuente perjuicio a la imagen y efectividad del modelo económico, una de cuyas bases de sustento es precisamente la libre competencia en todos los ámbitos.
Entre las consecuencias que dicha situación de guerra de precios verificada en esta industria posibilitó, por un lapso de tiempo, por un lado fue la rebaja de precios de muchos medicamentos, con el consiguiente beneficio para los consumidores, y al mismo tiempo una baja en el margen de utilidades de las empresas farmacéuticas. Esta situación de guerra de precios y competencia desbocada llevó a los empresarios a recurrir a una estrategia considerada ilegal, y que en economía se conoce como “colusión”, y que básicamente consiste en que los actores de una determinada industria se ponen de acuerdo para mantener un nivel de precios igualitarios y con un margen de utilidad apreciablemente mayor al obtenido en una situación de competencia. Esto afecta los precios, la cantidad de producción y la calidad de los bienes o servicios involucrados al impedir que sea el libre juego de la oferta y la demanda el que los determine.
El perjudicado directo es el consumidor y por ende su nivel de ingreso, es decir el destinario final de toda actividad productiva y el que posibilita su éxito o fracaso. Esta es una práctica recurrente en el mundo de los negocios cuando se descubre que la competencia les reduce en forma importante su margen de utilidades y en cambio los beneficios son considerablemente superiores poniéndose de acuerdo en la fijación de precios.
Esta práctica ilegal viola un principio fundamental de la economía de mercado, y que es la libre competencia, que afirma que son la oferta, la demanda y la iniciativa privada quienes determinan el equilibrio del mercado. Pero, a raíz de estas distorsiones, esta libre competencia debe tener los debidos resguardos legales que imponga ciertas restricciones para que los intereses públicos estén debidamente protegidos. En nuestro país existe una institución, entre otras más técnicas, creada para resguardar los derechos de los consumidores, el SERNAC, y que en los años que lleva de actividad ha demostrado ser una ayuda importante para los consumidores. Sin embargo hasta el momento este sistema de ayuda a los consumidores es bastante lento, lo cual desanima a muchos a usarlo. Esta falencia se espera que pueda ser superada con un proyecto de ley que se encuentra en el ministerio de economía llamado precisamente “Proyecto de ley sobre protección a los consumidores”, cuya principal característica es acotar los plazos y trámites para que, cuando corresponda, la indemnización a los consumidores sea lo más rápida posible, y se haga un efectiva seguimiento al cumplimiento real de las sentencias hacia los culpables de infracciones. También se busca un cambio en las multas, hoy las multas van al estado y no se garantiza que el daño sea necesariamente reparado al consumidor.
No obstante lo anterior la realidad muestra que existen muchas prácticas desleales que rayan en la ilegalidad, y que introducen elementos distorsionadores en el mercado, una de las cuales es la ya mencionada colusión, que en la práctica se da muy frecuentemente bajo la denominación de oligopolio. Los mercados modernos están formados por muchos oligopolios, entendiéndose por éstos la dominación del mercado por un pequeño grupo de vendedores.
Pero existen además otras distorsiones del mercado, como por ejemplo el “monopolio”, que consiste en el dominio del mercado por un solo actor que produce un bien. Grandes inversionistas absorben a sus competidores comprando sus empresas, y poniendo fin a la libre competencia. Existen entes fiscalizadores encargados de evitar la creación de estas mega empresas, y al respecto se puede señalar como un claro ejemplo el caso de Falabella en su área de supermercados (Totus) que pretendía comprar varios supermercados de regiones lo que en la práctica los convertía en actores únicos en importantes zonas geográficas del país, con el consiguiente daño para los consumidores que no tendrían la posibilidad de elegir. Este fue impedido por el ente regulador respectivo, como lo son “La fiscalía Nacional Económica” y el “Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”.
Otro ejemplo importante que se debe mencionar es el “Uso de información privilegiada”, y al respecto tenemos muchos casos. Incluso hay analistas económicos que afirman que muchas de las grandes fortunas de nuestro país se hicieron gracias a esta “práctica”. El caso LAN ha sido paradigmático en nuestro país por estar involucrado en él uno de los actuales candidatos a Presidente de la República, Sebastián Piñera. En este caso se acusa a Piñera, uno de los principales controladores de la aerolínea, el haber comprado un gran volumen de acciones (3 millones) de la compañía con la información que tenía sobre los resultado positivos de los estados financieros de ésta y que producirían un alza importante del valor de dichas acciones al día siguiente. Esto es claramente un delito ya que el resto de los miles de accionistas no tuvieron la misma posibilidad, es decir, no existió libre competencia en este caso.
Resumiendo, el tema de las distorsiones económicas en una economía de libre mercado es un asunto vital, y por eso en los países desarrollados existe una legislación adecuada. En nuestro país, se puede decir que existe una “zona gris”, donde actúan malos empresarios, y que desprestigian todo nuestro sistema económico a nivel internacional, dañando la imagen país, que influye en los inversionistas a la hora de hacer sus inversiones financieras, prefiriendo obviamente ir a países con mercados transparentes y con una legislación idónea que les garantice una real libre competencia. Por parte de los consumidores, los daños en los ingresos reales de éstos son significativos, pero como no tienen el poder necesario para combatir estas malas prácticas, se encuentran casi en la indefensión, ya que solo en muy contados casos éstos son de conocimiento público para ser presentados ante la justicia. Esto nos habla de la importancia de implementar una legislación adecuada y que sea real y efectiva a la hora de aplicar las sanciones y sobre todo evitar que estas malas prácticas se produzcan.