El dictamen de la corte suprema que paraliza la construcción de la mega central termoeléctrica Castilla, es el resultado de la presión de un sector de la comunidad que se vería afectada con los procesos productivos implicados con la puesta en funciones de dicha empresa. El inversionista brasileño, Eike Batista, ha declarado que "se está volviendo imposible invertir en Chile".
Al respecto se debe recordar que nuestra institucionalidad ambiental, a través del SEIA, ya había aprobado el estudio de impacto ambiental de Castilla, lo cual habla de un proceso irregular donde no es aventurado pensar que una vez más se dieron relaciones indebidas (presiones de grupos de poder) entre inversionistas y autoridades de gobierno. Esto es particularmente relevante pues es una prueba más de como los grupos de poder imponen sus criterios sobre desarrollo, sin importarles si éste es o no sustentable en el tiempo y si se afectan o no a las comunidades del entorno. El SEIA no cumplió con su deber, pues no evaluó adecuadamente el daño que se ocasionaría a las comunidades, quienes por ser gente modesta no tienen poder para imponer respeto a sus derechos. Por otra parte, hay que señalar que esto es consecuencia directa de que los EIA (Estudios de impacto ambiental) son efectuados por la empresa que está requiriendo la autorización ambiental, y al parecer la institución evaluadora no está siendo muy rigurosa en corroborar los datos contenidos en esos estudios. Esto explica que este proyecto haya sido autorizado por el SEIA.
Para bien o para mal, ha debido intervenir la justicia, a través de sus más altos tribunales, para impedir que, producto de estrategias muy cuestionables se dañe un ecosistema y una comunidad.
Para bien, pues esto sienta un precedente jurídico a tener en cuenta por quienes traten mañosamente de impulsar actividades que afectan el medio ambiente. Además se debe recordar que a fines de este año entran en funciones los "tribunales ambientales" y esto pone presión a la independencia con que éstos deben actuar.
Y para mal, pues todo indica que no es suficiente contar con una normativa legal y una institucionalidad respectiva, pues ésta siempre estará expuesta a ser eludida por malos empresarios, quienes persisten en una visión cortoplacista.
Hoy esta suficientemente demostrado científicamente que el desarrollo económico debe contemplar la variable ecológica en los procesos productivos, es lo que ocurre en el mundo desarrollado (salvo raras excepciones), mundo al que aspira acceder nuestro país. La OCDE impone rigurosas normas de cuidado ambiental a todos sus países miembros, por lo que resulta difícil entender a los sectores empresariales que persisten en abstraerse de estas recomendaciones. Se debe recordar que el año 2005 la OCDE indicaba en su informe sobre cuidado ambiental en Chile, que nuestro país debe "cumplir a cabalidad con la normativa medioambiental". En este caso no se trata de cualquier empresario, pues el principal inversionista del proyecto Castilla es, según Forbes 2011, la séptima fortuna del mundo.
Esta fuera de discusión que nuestro país necesita aumentar su capacidad energética, pero ésta no debe ser a cualquier precio, debe ser cuidando el medio ambiente. Sustentabilidad en el tiempo es lo esencial para que las futuras actividades productivas sean rentables y viables.
Castilla: Un dictamen supremo histórico - El Mostrador
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