Termo electrica Castilla

La empresa MPX (dedicada el rubro de generación de energía) del inversionista brasileño Eike Batista , dueña de la empresa Central Termoeléctrica Castilla, es un proyecto empresarial con una inversión de US$ 4.400 y que pretende instalar a 80 kilómetros de Copiapó la central eléctrica a carbón y petróleo diesel de mayor envergadura de Chile.
El proyecto se encuentra en la etapa del estudio de impacto ambiental (EIA), y en días recientes éste sufrió un duro revés judicial , ya que el 15/11/10 la Corte Suprema se pronuncio en contra del cambio de calificación que había sido decretado por el ahora ex Seremi de salud de Atacama Raúl Martínez, que cambiaba la calificación EIA de “contaminante” a “molesto”, con lo cual se podía proceder a la instalación de la termoeléctrica en Punta Cachos, Copiapó. El fallo judicial acogió el recurso presentado por abogados de “Atacama sin carbón” y de la familia Domínguez, quienes forman parte de la comunidad directamente afectada por el proyecto termoeléctrico. Esto impediría legalmente la instalación de la termoeléctrica en la zona, trámite legal que debe ser hecho por la Corema local, institución gubernamental que estaba esperando esta resolución judicial para pronunciarse al respecto.

Involucrados en este proyecto empresarial:

1.- Gobierno.

- El gobierno juega un rol muy relevante y complicado, ya que por un lado debe velar por el desarrollo económico del país, y por otro debe respetar su programa de gobierno, en el cual claramente consigna su compromiso por el respeto y cuidado al medioambiente, lo que ha sido ratificado públicamente por el propio Presidente Sebastián Piñera en reiteradas oportunidades. Es decir es un actor que potencialmente puede beneficiar o perjudicar a esta empresa. Esta situación se encuentra en pleno desarrollo y sobre la cual aun no es posible determinar cuál será finalmente la actuación del gobierno.
En el primer aspecto, el desarrollo económico del país, el gobierno eventualmente puede favorecer con su acción a la instalación de la empresa termoeléctrica Castilla, y en ese contexto se explican alguna actividades de lobby que han realizado autoridades de gobierno, señalando la necesidad de contar con esta fuente energética para el desarrollo económico de la región, y que son absolutamente necesarias ya que la matriz energética es insuficiente y provocara graves complicaciones en el corto y mediano plazo por los crecientes requerimientos energéticos de las empresas. Más aun si consideramos que, en este caso en particular, estamos en una zona minera, donde las empresas requieren grandes cantidades energéticas en sus procesos productivos. Esto confluye hacia el importante tema de la matriz energética nacional como un elemento esencial, y que está en el programa de gobierno de las actuales autoridades y que es vital para el desarrollo económico propuesto en dicho programa.
Pero por otro lado, y en este aspecto puede ser perjudicial a la empresa, el gobierno se ha comprometido ante la ciudadanía que lo eligió democráticamente a respetar y mejorar la normativa jurídica para lograr un real y efectivo cuidado al medioambiente. Por lo demás se ha dado rango de ministerio a la institución que se preocupaba del tema, la Conama, que también es parte de las promesas electorales . Es decir el gobierno se encuentra en una situación complicada, la que, a mi juicio, inevitablemente lo debería llevar a adoptar una posición clara de apoyo al modelo de “desarrollo sustentable”, dentro del proceso mundial llamado RSE (Responsabilidad Social Empresarial), que tiene un creciente apoyo en el mundo desarrollado, impulsado por importantes organismo internacionales como es el caso de la OCDE, del cual Chile es ahora miembro efectivo.

2.- Comunidad y organizaciones medioambientales.

Por parte de la comunidad y organizaciones ambientalistas se señala que en el entorno de la termoeléctrica Castilla existe una biodiversidad que estaría siendo amenazada por los procesos productivos de esta empresa. La vocera de Atacama sin carbón ha declarado: “estamos felices, porque con este fallo y la imposibilidad en consecuencia de construir Catilla, han quedado protegidos el desierto florido, las playas vírgenes y el ecosistema de la zona. Estamos a favor del progreso y de repensar la matriz energética, que sí puede contar con termoeléctricas en caso de no existir otras alternativas renovables, pero de ser así, se debe exigir que obedezcan a altos estándares internacionales de mitigación ambiental, con una tecnología de punta que sea la mejor disponible (y no la más barata, como se ha intentado en este caso) y ubicadas en lugares donde su impacto sea mínimo, lo que en ningún caso ocurría con el proyecto del señor Batista”.
En este lugar existe un fenómeno de la naturaleza, el desierto florido más interesante del mundo y que está ubicado entre los Parques Nacionales Pan de Azúcar y Llanos de Challes que están ubicados a unos 8 kilómetros de la comunidad de Totoral. Esta zona de la naturaleza está declarada como “área ecológicamente protegida”, según nuestro ordenamiento jurídico que norma el cuidado medioambiental. En este aspecto resulta problemático entender la lógica de la estrategia adoptada por quienes pretenden llevar adelante este proyecto empresarial, sabiendo que existe una normativa legal que impide la ejecución de procesos productivos que afecten zonas declaradas aéreas ecológicas protegidas. A lo anterior se suma la creciente conciencia ciudadana que esta movilizada para exigir el respeto a la normativa legal porque está instalada en la opinión pública los peligros que representan para nuestro medioambiente los procesos productivos que afectan los ecosistemas. En lo inmediato basta recordar el caso de la termoeléctrica Barrancones que en Agosto de este año no fue autorizada para su instalación, donde los grupos ambientalistas lograron instalar comunicacionalmente el tema ante la opinión pública, señalando los compromisos del actual gobierno en este tema, el que no pudo eludir su compromiso.


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