Iglesia y asuntos públicos.

En nuestra actual republica con casi 200 años de vida independiente ha existido una indudable evolución en las relaciones estado iglesia, sin embargo cada cierto tiempo parece que volvemos a los primeros años de nuestra historia, cuando la iglesia tenía un gran poder dentro de la sociedad y en todos los asuntos públicos.
Haciendo un poco de historia recordemos que entre 1820 y 1830 se establecen las tendencias políticas, que a pesar de no conformarse como partidos políticos propiamente tal, mantenían una división difusa. Estos eran los Conservadores y Liberales, tendencias políticas chilenas, que presentaban sus diferencia esencialmente en temas concretos, como la relación con la Iglesia, y no en temas de fondo, pues, en lo esencial, coincidían en todo, lo que habla del poder de ésta sobre la naciente república.
Hacia 1850, la clase política chilena perdió la unidad ideológica que le había caracterizado. Influidos por el racionalismo individualista, los liberales abandonaron mayoritariamente su tradicional adhesión a los dogmas y autoridades de la Iglesia. Se hicieron predominantemente laicos y, como efecto inevitable, la religión comenzó a ser desplazada de la vida pública, por la acción consistente y comprometida de sus miembros.
Nada pudo frenar este impulso, que se comienza a sentir a mediados de la presidencia de José Joaquín Pérez, y cuyo último capítulo se vive en 1925, cuando se alcanza la separación plena entre la Iglesia y el Estado.
Hoy a proposito de los llamados temas valóricos, píldora del día despues, aborto terapéutico, etc. existe una inevitable confrontación de posiciones al respecto, donde la iglesia como es obvio, ya que esa es su razón de ser, se plantea en forma irreductible ante las posiciones del mundo laico, tratando por todos los medios de imponer su criterio, su verdad... En estas últimas semanas han recurrido al dudoso expediente de recordarle a los miembros de la concertación que durante la dictadura fueron protegidos por la iglesia, que en retribución éstos deberían apoyar la posición de ésta en los temas valóricos. Personalmente siento mucho respeto hacia el pensamiento religioso, sin embargo no comparto las posiciones intransigentes que muchas veces llevaron a los fanatismos religiosos de triste recuerdo en la historia universal. Cuando te crees dueño de la verdad estás a un paso de tratar de imponérsela a los demás, y esto lleva inevitablemente a los fanatismo con todas sus consecuencias nefastas para la sociedad. El conocimiento y la experiencia del hombre hoy muestra que debe existir tolerancia, la iglesia está en su derecho al defender sus verdades pero el mundo laico también, por lo tanto me resulta decepcionante que una autoridad religiosa como el obispo Goic tome esas banderas de tratar de imponer a todos su criterio, incluso recurriendo a razones que no tienen que ver con el tema que se cuestiona.
Este importante tema ético está por supuesto mucho mejor abordado por Carlos Peña, un intelectual libre pensandor , rector de la Universidad Diego Portales, quien lo comenta en su columna de opinión del cuerpo de "Reportajes del diario El Mercurio" de hoy, opinión que me parece, por lo que en ella afirma, que "el desacuerdo no es una condena a las catacumbas", va en la dirección correcta sobre lo que debe ser el respeto a la diversidad en toda sociedad. Por la importancia de tal opinión es que la reproduzco en forma íntegra:

"Frailes en la República
Carlos Peña
¿Hay alguna incoherencia en apoyar a la Iglesia por su defensa de los derechos humanos durante la dictadura y oponerse a ella ahora, en democracia, cuando se discute sobre la píldora?
Monseñor Alejandro Goic sostuvo que sí. La Concertación -agregó- posee un "doble estándar" en esta materia.
"Personas que ayer defendían a la Iglesia ante quienes nos arrinconaban (...) por defender los derechos humanos, (...) hoy pretenden encerrar a la Iglesia en la sacristía de una fe privatizada".
¿Es razonable esa crítica?
No.
Una crítica como ésa es simplemente insólita viniendo del obispo de una Iglesia que es invitada a exponer en el Congreso Nacional cada vez que asoma algo que pudiera herirla, que tiene innumerables escuelas y nada menos que seis universidades con financiamiento estatal; que cuenta con una poderosa red de televisión, que accede a los medios cuando le place y que posee una notoria presencia en los ritos republicanos, al extremo de que si le dijéramos a cualquier observador imparcial que Chile es un Estado laico, pensaría, sin duda, que nos burlábamos de él.
Presentar a una Iglesia que tiene esa presencia cultural y ese poder como si estuviera siendo empujada a las catacumbas es ¡simplemente increíble!
¿Cómo explicarlo?
Lo que ocurre es que monseñor Goic confunde el derecho de la Iglesia a manifestar sus puntos de vista en el espacio público (algo que nadie discute y que, llegado el caso, todos debiéramos defender) con la pretensión de que esos puntos de vista sean, sin más, tenidos por verdaderos (algo que es obviamente inaceptable).
Una cosa es que la Iglesia reclame su derecho a hacer valer sus puntos de vista, otra es que pretenda que se le reconozca autoridad a la hora de formularlos. Lo primero es plenamente admisible en una sociedad que trata con igualdad a sus miembros, lo segundo no. En una sociedad abierta, los ciudadanos pueden voluntariamente reconocer autoridad a alguien; pero nadie tiene derecho a reclamarla en razón simplemente de ser quien es.
Y ése es justamente el problema.
La Iglesia no tiene derecho alguno (como no lo tiene ningún sector) a que se le reconozca autoridad para emitir los juicios que emite. Ella puede esmerarse en obtener ese reconocimiento en el foro de la cultura y de la educación (al igual como lo hacen otros sectores), pero no puede pretender que tiene derecho a él.
Por eso, el reproche de Goic a los sectores políticos que fueron perseguidos y que la Iglesia protegió no sólo es insólito.
Es inaceptable.
Del hecho que la Iglesia haya protegido a las víctimas de la dictadura se sigue una indudable razón para estarle agradecido. Pero de ahí no se sigue que deba reconocérsele autoridad en todos los ámbitos de la vida. Cuándo las víctimas se protegían en la Iglesia eran eso: víctimas indefensas, no ciudadanos que adherían a todo aquello que la Iglesia proclamaba. ¿Desde cuándo la víctima de abusos solicita refugio a cambio de enajenar su autonomía y su reflexión? ¿Acaso las víctimas deben ser tratadas como Robinson trataba a Viernes?
No hay nada más fácil para eludir los gravámenes que impone a todos una sociedad abierta y reflexiva, que hacerse el ofendido o el perseguido. Es lo que -a falta de mejores argumentos- hizo monseñor Goic: acusar de malagradecidos a quienes, apenas, quieren reflexionar por sí mismos.
Por eso, en vez de posar de perseguida, la Iglesia debe hacer lo que ha venido haciendo hasta ahora: esparcir sus creencias y sus puntos de vista en la esfera de la cultura, en los medios de comunicación, en sus innumerables colegios, en sus seis universidades financiadas con subsidios públicos, en sus canales de televisión y en las audiencias del Congreso a las que seguirá siendo, sin duda, invitada.
Pero si los ciudadanos no se dejan convencer y si, como parece estar ocurriendo, a pesar de todo porfían en mantener una esfera de autonomía, la Iglesia debe aceptarlo y no exagerar -como lo hizo monseñor- tratando de hacernos creer que el desacuerdo es lo mismo que una condena a las catacumbas."