"Cinco de los nueve generales de División que actualmente conforman la cabeza del alto mando del Ejército están cuestionados. El fantasma por su posible participación en causas de lesa humanidad los vuelve a perseguir ahora que están en el momento más álgido de sus carreras. Cerca del 30% de los oficiales de las FFAA y de Orden por sobre el rango de mayor hoy en servicio activo formaron parte de las huestes de la CNI, lo que podría generar nuevas interrogantes y conflictos a 18 años del fin de la dictadura." Así comienza hoy un reportaje en www.lanacion.cl/ , y el tema ha estado presente estas últimas semanas en los medios de prensa, principalmente en el diario mencionado, a propósito del caso del general Santelices, quien es nada menos que el actual jefe de la guarnición de Santiago, y aparece cuestionado en su alto cargo por estar involucrado en casos de DD.HH, aunque no han sido probado, a propósito de lo declarado hace más de cinco años donde el militar reconoció judicialmente que "participó en la comitiva que trasladó a 14 prisioneros políticos de Calama, que posteriormente fueron fusilados por la Caravana de la Muerte". En ese entonces el militar tenía menos de 21 años, era subteniente recién egresado de la escuela militar, y estaba obviamente obedeciendo ordenes de superiores. Aquí naturalmente estamos ante un caso de "obediencia debida", y al respecto existen dos interpretaciones : una doctrinaria, que dice que la responsabilidad recae sobre la autoridad superior que dá la orden, evitando condenar a quienes las cumplen, y que es la que prevalece en nuestro país, y otra donde se interpreta, contextualiza y se evalúa conforme los méritos la evidencia y los niveles de responsabilidad existentes.
Pamela Pereira, abogada querellante en el caso Paine, ha declarado que dicho general debe renunciar, porque se han omitido antecedentes de la hoja de vida de este militar, y hace un simil con la situación de autoridades de gobierno que han debido renunciar a sus cargos al descubrirseles errores en sus currículum.
El gobierno solicitó al Ejercito que este militar sea alejado de la institución lo antes posible, a lo que el actual comandante en jefe del Ejercito el General Izurieta contestó que iba a tomar una decisión al respecto en marzo, y que mientras no fuera juzgado y encontrado culpable era improcedente alejarlo de la institución, y que en este caso se debía respetar la presunción de inocencia, derecho que tienen todos los ciudadanos ante la justicia.
Lo recomendable en estos casos es, y así lo a manifestado el General Izurieta, alejarlo de sus funciones actuales mientras dure la investigación. También esto generó una discusión respecto a las posiciones y declaraciones de Viera-Gallo y Vidal en relación al tema.
El tema está tratado extensamente en el diario La Nación, de gobierno, aunque me hubiera gustado que los otros medios de prensa también tocaran el tema de igual forma, para tener una opinión más objetiva al respecto.
Link: La Nacion.cl - Temas del domingo
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